Constitución Española. Artículo 47

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genera la acción urbanística de los entes públicos.

La constitución reconoció el derecho a disfrutar de una vivienda digna.

Las Comunidades Autónomas asumieron las competencias en materia de vivienda, en los aspectos de legislación urbanística y aprobación del planeamiento.

Las Corporaciones Locales se quedan con la formulación y ejecución del planeamiento.

Debido a conflictos acerca de la intervención del Estado, este se reservó la posibilidad de legislar sobre las bases de la política económica determinando las actuación protegibles en el ámbito de la VPO

VPO (Vivienda de Protección Oficial): Es un régimen jurídico que regula las ayudas públicas a la vivienda.

Los instrumentos de apoyo:

  1. Limitación de los precios máximos de venta muy por debajo del precio del mercado.
  2. La subsidiación de la carga financiera necesaria para su adquisición.

Consecuencia: Oferta reducida, Alta demanda y escasez permanente de vivienda protegida.

Arrendamientos:

El alquiler ha perdido peso frente a la preponderancia de la vivienda en propiedad.

Parque de viviendas en alquiler:  1981 – 21% > 2006 – 11,5%

Causa:

Por el lado de la oferta: Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964

Reacción ante la posibilidad de eliminar toda la oferta de alquiler: RDL 2/1985 de Medidas de Política Económica (Decreto Boyer)

Nueva ley: Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994

Por el lado de la demanda: Los incentivos fiscales por la adquisición de viviendas influyen en hacer atractiva la propiedad frente al alquiler.

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